En una resolución de hondo impacto institucional para las finanzas de San Carlos de Bariloche, la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó un recurso de queja del Municipio y dejó firme la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro (STJ) que anuló las determinaciones de deuda por derechos de publicidad y propaganda aplicadas a la firma PepsiCo entre 2016 y 2018.
El núcleo del pronunciamiento judicial —ratificado en todas las instancias tras los fallos iniciales de la Cámara de Apelaciones local, según reportaron Diario El Cordillerano y ANBariloche— no cuestiona la potestad comunal de gravar la cartelería comercial, sino el mecanismo de tercerización implementado por la comuna a través de una consultora privada cuyos empleados realizaban inspecciones oculares, mediciones y actas de constatación en la vía pública.
La Justicia determinó que la Carta Orgánica y las ordenanzas fiscales consagran a la potestad tributaria y fiscalizadora como una atribución pública indelegable que debe ser ejercida exclusivamente por inspectores municipales matriculados. El fallo advierte que ninguna resolución del Ejecutivo puede otorgar facultades de policía fiscal a dependientes de firmas privadas, dejando sin valor legal los relevamientos tercerizados que sirvieron de base para liquidar el tributo.