El modelo institucional y financiero con el que la Provincia de Río Negro conduce su política de promoción turística ingresó en una fase de revisión legislativa de fondo. Un informe económico reveló que la Agencia de Turismo de Río Negro (ATUR) ya percibió en lo que va de 2026 una asignación pública de $7.668 millones (unos US$ 5 millones), con una proyección de cierre anual que alcanzará los $10.224 millones (Diario Río Negro).

Los fondos provienen de la alícuota legal del 45% de la recaudación provincial de Ingresos Brutos derivada de las actividades turísticas. Sin embargo, la reciente renuncia de su director general, Diego Piquín, reabrió las tensiones sobre el funcionamiento de un organismo conducido por un directorio de 14 miembros con mayoría privada (10 privados y 4 estatales). En ese marco, el gobernador Alberto Weretilneck y el ministro de Desarrollo Productivo, Carlos Banacloy, confirmaron que promoverán una reforma a la Ley N° 5771 para que el Estado retome las facultades de planificación estratégica y ejecución de infraestructura turística.

En la vereda opuesta, la autora de la norma y legisladora barilochense Marcela González Abdala rechazó la necesidad de modificar la ley, atribuyendo los problemas operativos a la falta de liderazgo estatal en la presidencia de la Agencia y remarcando que el modelo público-privado copió esquemas exitosos como los de Mendoza y Córdoba.